El Ministerio de Hacienda definió cómo se calculará el canon que los operadores deben pagar por instalar su infraestructura en bienes de dominio público.
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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica estableció una nueva metodología para fijar el canon que deben pagar los operadores de telecomunicaciones para construir redes en bienes de dominio público y bienes patrimoniales.
Todas las empresas de telecomunicaciones tienen que cubrir el canon si usan bienes de dominio público,o bienes inmuebles de titulares públicos para la construcción,operación o instalación de sus redes.
A través de una resolución publicada en la Gaceta Oficial,la dependencia explicó que el cálculo del canon se basará en el valor del lote tipo de las zonas homogéneas; la tasa anual de arrendamiento; la cantidad de postes; un factor de reducción al valor por metro cuadrado del lote; así como un factor de reducción del monto anual del canon.
La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda será la encargada de definir el canon con base en esta metodología,según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios vigente.
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Además,el Ministerio determinó un procedimiento para el cálculo del monto total del canon de arrendamiento anual de los postes y sus accesorios que se instalan en mobiliario urbano y fachadas de edificios.
También hay una metodología específica para definir el canon en caso de que los operadores de telecomunicaciones quieran instalar infraestructura en bienes patrimoniales o en áreas silvestres protegidas.
La resolución del Ministerio señala,por otro lado,cómo deberá elaborarse la estimación de cálculo de canon para el caso de ductos asignados por ley alMinisterio de Obras Públicas y Transportes.
Sin embargo,el documento no contempla el uso de postes de las redes eléctricas.
En 2022,el gobierno tico emitió una ley para promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones,la cual autoriza a las instituciones y entidades públicas a permitir el uso de sus bienes para la instalación de equipos de las redes de telecomunicaciones.
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Con esta medida,el gobierno pretende impulsar la expansión de cobertura de servicios de conectividad y avanzar en el cierre de la brecha digital.
Y como consecuencia de esa ley,el Ministerio de Hacienda tenía pendiente desde el año pasado definir la metodología para fijar las contraprestaciones que deben pagar las empresas de telecomunicaciones por el uso de bienes públicos para instalar infraestructura.
La definición de los cánones se da con más de un año de demora.
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